Traducido por Camila Costa y revisado por Diego Calderón
Leer en inglés: BYU encourages landlords to work with petitioning students
La oficina de alojamiento fuera de campus de BYU está intentando animar a los propietarios que colaboren con sus residentes luego de que la universidad cancele las clases y solicite que los estudiantes regresen a sus casas si es posible.
La oficina de alojamiento fuera de campus contactó a todos los propietarios y agentes de administración por correo electrónico el sábado, y firmemente pidieron que colaboren con los estudiantes durante estos momentos difíciles.
El mensaje que enviaron a los propietarios los alentó a que relean las secciones 16, 17 y 20 del manual de alojamiento fuera de campus de BYU. Este correo electrónico también citó la sección 18 que declara: “Propietario acepta cumplir con cualquier solicitud razonable de parte de la oficina de alojamiento de BYU relacionada con la seguridad o bienestar general de los residentes”.
“Pedimos que consideren cuidadosamente la importancia de asistir a los estudiantes durante este momento extraordinario”, dice el correo electrónico.
Portavoz de BYU Carri Jenkins dijo que los estudiantes son responsables de resolver su contrato. “La oficina de alojamiento fuera de campus anima a los estudiantes a que se comuniquen con sus propietarios o agentes con respecto a la cesión del contrato por inquietudes del COVID-19”, dijo Jenkins. “La OCHO (oficina de alojamiento fuera de campus, por sus siglas en inglés) alienta a todos los propietarios a mantener la salud y seguridad de los estudiantes y empleados como prioridad en estas conversaciones”.
Algunos estudiantes dicen que no han podido poner a fin sus contratos.
Julie Brooks, un estudiante en su primer año en la escuela de derecho de BYU, vive en un apartamento fuera de campus aprobado por BYU, pero esta semana ha considerado regresar a su casa en Washington D.C.
“Estaba pensando en regresar a casa y revisando el contrato de alquiler”, dijo Brooks.
Se encontró con la sección 23, punto B, que declara: “Si el estudiante decide irse de la universidad a causa de una pérdida catastrófica o enfermedad seria imprevista y verificada, el estudiante puede poner a fin su propio contrato”.
Brooks le envió un correo electrónico a su propietario citando esta sección del contrato y solicitando el fin de su contrato.
Al principio, su propietario dijo que solo podía poner a fin su contrato luego de 120 días. Ella aceptó esa negociación pero luego recibió otro correo electrónico de su propietario diciendo que no estaba dispuesto a dejarla irse bajo esa sección. El propietario dijo que su única opción de poner a fin el contrato sería vender su arrendamiento.
“Estaba tan enojada que no pude dormir”, dijo Brooks.
El martes después de la medianoche, ella inició una petición en change.org para permitir a los estudiantes poner a fin sus contratos. El jueves a la tarde ya tenía más de 8,000 firmas.
“Honestamente no soy de esas personas que participa en manifestaciones públicas. No soy activista para nada”, dijo Brooks, pero recibir la noticia de que no tenía permiso de poner a fin el contrato causó que cambie su perspectiva.
Han habido comentarios negativos en contra de la petición. Brandon Corry, un estudiante en su último año estudiando trastornos de la comunicación, no está de acuerdo con la misión de la petición.
“El hecho de que BYU esté sugiriendo a la gente que regrese a su casa no debería afectar esta cláusula”, dijo Corry.
Por otro lado, Brooks piensa que aquellos en contra de la petición han malentendido su misión. “Parece que ellos creen que los estudiantes están tratando de abandonar sus contratos sólo porque sí”, ella dijo. “Si la universidad nos dice que nos vayamos y que dentro del contrato declara que deberíamos tener permiso para hacerlo si hay una catástrofe, deberían dejarnos ir. El hecho de que es extremo no significa que es irrazonable.”
Brigham Daniels es un profesor en la facultad de derecho J. Reuben Clark. Mientras no conoce los detalles particulares de la situación, dice que la palabra “razonable” es intencional.
“Lo que es un pedido razonable será determinado por las circunstancias en las que estamos”, él dijo. “Lo que parece algo irrazonable hace 10 días, como cancelar el torneo baloncesto de ‘March Madness’, hoy parece una decisión completamente obvia y necesaria.”
Daniels declara que lo mismo aplicaría al contrato del propietario. “Creo que es muy posible que los propietarios lo vean de manera diferente”, él dijo. “Es posible que la universidad también lo vea de manera diferente. Es posible que los estudiantes comiencen a demandar cosas a causa de eso. Puede cambiar el significado cada semana”.
El profesor de derecho en BYU Matt Jennejohn no tiene licencia para practicar la ley y el derecho en Utah; pero, su experiencia en derecho contractual afirma que un contrato similar fuera de las residencias del campus de BYU podría no ser tan vinculante durante una pandemia mundial.
“El derecho contractual en los Estados Unidos reconoce que algunos contratos podrían interferir con medidas públicas, y le da permiso a las cortes en esas situaciones a negar la ejecución de esos contratos”, él dijo. “El nulo para la doctrina de medidas públicas varía mucho depende de la situación específica, lo cual siempre aumenta la incertidumbre con respecto a la aplicación en cualquier situación, pero yo creo que el desencadenamiento del coronavirus es un buen candidato para la aplicación de la doctrina”.
Sin embargo, según Brooks, su situación y aquellas similares son un ejemplo de cómo los propietarios no cumplen su palabra.
“Si no están dispuestos a respetar su compromiso con nosotros y su compromiso con la universidad, necesitan rendir cuentas,” ella dijo.
